Urbanismo
El nuevo PGOU ofrece oportunidades de desarrollo al municipio
El documento podría entrar en vigor pasado el verano
El alcalde y el concejal de Urbanismo, durante la comparecencia.
El alcalde y el concejal de Urbanismo, Daniel Martínez, han explicado la hoja de ruta que seguirá el Ayuntamiento tras el anuncio de aprobación definitiva del PGOU.
La aprobación viene condicionada a la subsanación de deficiencias antes de su publicación y vigencia. Por ello, tras analizar el texto los técnicos municipales y Estudio Seguí se resolverán las deficiencias y se dará cuenta al pleno como muy tarde en septiembre. Después se remitirá el resultante a la Junta para su publicación en el BOJA y la entrada en vigor.
Juan Franco destaca que el PGOU ha contado con un alto nivel de participación ciudadana de todo el municipio y ha supuesto años de esfuerzo. La intención es continuar con la línea de austeridad, sensatez, no comprometerse con lo que no se pueda hacer e ir generando las condiciones para que llegue la inversión privada. “Otra ventaja será el aumento de ingresos municipales por tasas de licencias de obras o impuestos de construcción e instalaciones, ahora muy bajos, que aportarán más recursos para mejorar los servicios”. Su entrada en vigor supondrá también la creación de una oficina específica que centre el desarrollo del plan.
El alcalde añade que el PGOU está condicionado por situaciones heredadas y por la legislación y cree que servirá para abrir oportunidades de desarrollo para la ciudad.
El concejal de Urbanismo avanza la intención municipal de seguir tramitando, pero ya será sobre un documento base muy actualizado a los usos actuales que necesita la ciudad, en vez sobre un PGOU de 1985, con texto refundido en 1993, que resulta obsoleto.
Martínez aclara que la Junta, por un lado, señala nueve puntos muy concretos, ninguno de ellos relacionados con el Zabal, en su mayoría errores materiales o contradicciones entre el articulado de un texto con una enorme extensión de miles de páginas. Por otro, hay una suspensión del documento motivada por diferencias en la interpretación de la ley que afecta a tres cuestiones: trato del sistema general comercial, reordenación pormenorizada de las áreas de reforma interior y planes especiales de reurbanización. “En ningún caso va a suponer ningún tipo de retraso en la tramitación del documento”.

La aprobación viene condicionada a la subsanación de deficiencias antes de su publicación y vigencia. Por ello, tras analizar el texto los técnicos municipales y Estudio Seguí se resolverán las deficiencias y se dará cuenta al pleno como muy tarde en septiembre. Después se remitirá el resultante a la Junta para su publicación en el BOJA y la entrada en vigor.
Juan Franco destaca que el PGOU ha contado con un alto nivel de participación ciudadana de todo el municipio y ha supuesto años de esfuerzo. La intención es continuar con la línea de austeridad, sensatez, no comprometerse con lo que no se pueda hacer e ir generando las condiciones para que llegue la inversión privada. “Otra ventaja será el aumento de ingresos municipales por tasas de licencias de obras o impuestos de construcción e instalaciones, ahora muy bajos, que aportarán más recursos para mejorar los servicios”. Su entrada en vigor supondrá también la creación de una oficina específica que centre el desarrollo del plan.
El alcalde añade que el PGOU está condicionado por situaciones heredadas y por la legislación y cree que servirá para abrir oportunidades de desarrollo para la ciudad.
El concejal de Urbanismo avanza la intención municipal de seguir tramitando, pero ya será sobre un documento base muy actualizado a los usos actuales que necesita la ciudad, en vez sobre un PGOU de 1985, con texto refundido en 1993, que resulta obsoleto.
Martínez aclara que la Junta, por un lado, señala nueve puntos muy concretos, ninguno de ellos relacionados con el Zabal, en su mayoría errores materiales o contradicciones entre el articulado de un texto con una enorme extensión de miles de páginas. Por otro, hay una suspensión del documento motivada por diferencias en la interpretación de la ley que afecta a tres cuestiones: trato del sistema general comercial, reordenación pormenorizada de las áreas de reforma interior y planes especiales de reurbanización. “En ningún caso va a suponer ningún tipo de retraso en la tramitación del documento”.
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